Un colegio religioso de Ensenada deberá pagar una indemnización de alrededor de 540.000 pesos a la familia de un niño que resultó víctima de bullying mientras cursó el ciclo primario. Así lo resolvió la Justicia de La Plata en un fallo con pocos antecedentes en el sistema educativo provincial.
La víctima sufrió hostigamiento verbal, físico y por redes sociales a lo largo de casi seis años de parte principalmente de un compañero. Según consta en el expediente judicial, el nene era golpeado en los recreos, agredido en reuniones sociales y también en la puerta del colegio.
"Para que usted sepa, intentaron empujarlo por la escalera para tirarlo, el mismo chico le ha puesto el pie intencionalmente para que se caiga (terminó con rodilla y pantalón roto), lo ha agarrado fuerte del brazo, dejándole marcas, y más aún. Verbalmente lo provoca diciéndole maricón, fuera del colegio, en un cumpleaños lo agarró del cuello contra la pared", escribió la madre del chico a la maestra en el cuaderno de comunicaciones.
Se refería a una de las tantas veces que el niño fue agredido.
La Justicia consideró que las acciones que llevó a cabo la institución para remediar esa situación fueron insuficientes. Hubo advertencias, reuniones con los padres y tareas de acercamiento, pero no alcanzaron. Los jueces también cuestionaron la decisión de la conducción escolar de enviar al agresor “al oratorio, a rezar”, como medida para intentar detener el acoso.
La Sala II de la Cámara Civil y Comercial de la capital provincial condenó al Instituto la Inmaculada Colegio San José a pagar 480 mil pesos más intereses por los daños psicológicos y los perjuicios que ocasionó el hostigamiento que el alumno, identificado como SC, sufrió entre 2013 y 2018.
El fallo convalida una condena de primera instancia que consideró responsable al establecimiento al considerar que “si un alumno menor de edad que se halla bajo el control de su autoridad escolar causa un daño a otro, [la autoridad escolar] responderá de las consecuencias y resarcirá al damnificado por el evento ilícito”.
Los jueces argumentaron que en el contrato entre los padres de los alumnos y la institución está implícito el deber de cuidado de los niños. Por eso condenó al centro educativo religioso a pagar “en el plazo de diez días, 480 mil pesos, más los intereses del 6% anual a liquidarse desde el 9 de octubre de 2019 y hasta la fecha del decisorio”. La resolución de primera instancia es de mayo de 2021 y la ratificación de la Cámara de Apelaciones está fechada el pasado 28 de septiembre.
El representante legal de la Inmaculada, Juan Caminos, reconoció a Clarín que “los equipos directivos no lograron resolver una situación complicada que se generó dentro de la escuela". "Aunque hubo un intento de acompañamiento, de realizar alguna corrección, está claro que no fue suficiente”, admitió el abogado que intervino en la causa.
El letrado además reconoció que "los colegios de gestión no oficial necesitan tener un gabinete, y se requiere el aporte estatal para favorecer la contratación de personal especializado. Al Inmaculada lo condenaron por falta de recursos para afrontar una situación de bullying. Pero de ninguna manera puede interpretarse que la escuela fomentó o favoreció esa acción violenta”.
Tratamiento profesional
Los recursos a que echó mano la escuela ante el caso estuvieron en el centro del fallo condenatorio. La jueza de primera instancia María Cecilia Tanco (Juzgado Civil Nro. 19) apuntó contra los mecanismos desplegados por la conducción docente. Escribió en su fallo: “El rezo, la invocación de la protección de la Virgen, el diálogo con la maestra de doctrina católica o con la catequista, pueden ser para niños y niñas que profesan esa fe un remanso, una ayuda. Pero no son los medios y los recursos que actualmente las instituciones que imparten educación deben poner a disposición para analizar situaciones como estas, establecer el plan de acción y luego evaluar los resultados. Se debe avanzar en un tratamiento profesional con pautas para alumnos y docentes que no se abastecen solo con entrevistas o reuniones para ver cómo los niños se sienten con relación a la situación”.
El centro educativo pertenece a la arquidiócesis de La Plata. Forma parte de un conjunto de 38 colegios religiosos que funcionan en la región de la capital provincial. “Nunca hemos tenido un caso que terminara con una condena en la Justicia. Siempre las situaciones se solucionan dentro del ámbito educativo”, aclaró el abogado Caminos.
"La Inmaculada", como se lo conoce al colegio en Ensenada, es uno de los más tradicionales de esa ciudad, vecina a la capital provincial. Tiene más de 700 estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario.
Según pudo saber este diario, SC siguió en nivel medio en otro colegio. Sus padres decidieron pedir el pase. Y el menor apuntado por las situaciones de agresión continúa el ciclo secundario en el mismo establecimiento.
No obstante, SC mantiene un vínculo periférico con la escuela: asiste a las reuniones de los boy scouts que se realizan los fines de semana en una de las sedes del colegio.
La omisión
La condena quedó firme por la decisión de los jueces Leandro Adrián Banegas y Francisco Agustín Hankovits. Los camaristas sostienen que la evidencia reunida en “los cuadernos de comunicaciones, actas y testigos declarantes en esta causa, acreditan que el bullying del que fue víctima el menor sucedió desde el inicio de la escuela primaria y hasta sexto grado”.
En su fallo, los jueces de segunda instancia repasan las leyes de Educación nacional y provincial y otros cuerpos normativos que descargan la responsabilidad del cuidado de los alumnos en las instituciones educativas.
Hankovits, además, hizo foco en otro punto: “Las autoridades no informaron a la jefatura, a la inspección y al área de psicología, más aún cuando no contaban con equipo de orientación escolar. La omisión también es un factor trascendente de atribución de responsabilidad legal en el supuesto de hostigamiento escolar”, señaló.
No es habitual que un caso de bullying termine en la Justicia. Héctor Reynoso, presidente de una de las entidades que agrupa a los colegios privados de la Provincia, dijo a Clarín que en los últimos años no han tenido registro de institutos sancionados por ese motivo. "Se intenta trabajar y resolver los hechos dentro de la comunidad. La integración de alumnos que llegan de escuelas especiales resultó una medida que disminuyó las situaciones de bullying porque los chicos aprenden a convivir con pares que son diferentes”, explicó Reynoso.
Fuente: clarin
