Mujeres trans denuncian tortura y tratos crueles en cárcel de Mar del Plata
Un grupo de mujeres trans y travestis privadas de libertad en Mar del Plata está denunciado que son víctimas de abuso por parte del personal penitenciario. Está en curso una investigación judicial, promocionada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y respaldada por la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual (RRTS). Advierten que se trata de un caso de tortura y tratos cueles y degradantes. Son 10 mujeres, varias de ellas migrantes, detenidas en la Alcaidía Penitenciaria Batán (Unidad 44). Alertan que sufren constantes y violentas requisas en condiciones humillantes. Los efectivos del centro también restringen las visitas, decomisan las encomiendas y destruyen los medicamentos y las hormonas que necesitan. Señalan, además, que no reciben atención médica de manera oportuna.
Todas estas acciones son motivadas por discriminación hacia su identidad de género, resaltan las organizaciones que respaldan la denuncia. La población trans de esta prisión ha sufrido varias situaciones de violencia desde hace al menos dos años. Sin embargo, el hostigamiento se ha intensificado desde hace seis meses, cuando cambiaron las autoridades del pabellón donde están alojadas. Las acusaciones se dirigen específicamente hacia dos encargados del pabellón y el jefe de requisas. Las mujeres privadas de libertad declararon que las autoridades penitenciarias las han presionado para que no denuncien.
Requisas vejatorias
El grupo de mujeres asiste a la escuela del centro. Antes de abandonar el pabellón, cada una es requisada. La inspección ocurre en el frío pasillo que da acceso al edificio. La zona tiene vidrios espejados. Es decir, no es posible saber si del otro lado hay alguien observando. Las hacen desnudarse por completo. La requisa implica la inspección de todas las cavidades corporales. Esto ocurre todos los días antes de ir a la escuela y cada vez que se mueven de un espacio. Por ejemplo, cada vez que necesitan ir al baño cuando están en clase.
Si solo se toma en cuenta la ida y la vuelta a la escuela (que está dentro del penal), cada una es desnudada y requisada al menos dos veces al día. Pero el procedimiento se repite cada vez que tienen que atender alguna otra actividad en la cárcel durante el día, si reciben visitas o si tienen algún control médico. “Los actos de requisas son realizados de manera humillante y con fuerte impacto en la subjetividad de las personas afectadas”, dice el informe de la Comisión por la Memoria, incluido en el expediente del caso a cargo del Tribunal en lo Criminal N°2 de Mar del Plata.
La Comisión, un organismo público que investiga casos de tortura y violación de derechos humanos, realizó el reporte luego de entrevistar a las afectadas, en una visita de rutina que sus representantes realizaron el pasado 23 de junio. Las circunstancias constatadas, dice el documento, “resultan claramente lesivas de su dignidad y agravantes de las condiciones legales de detención”. La Comisión verificó que este tipo de requisa, la forma y la periodicidad, no se realiza a otras personas del centro penitenciario. Solo a las mujeres trans.
El tribunal exigió a las autoridades del recinto penitenciario que aclararan la situación. Respondieron con otro informe en el que reconocen que realizan las requisas. Pero se justificaron: “Son necesarias para el decomiso de sustancias y/o elementos no permitidos, destinadas a la prevención de la violencia y eliminación del riesgo”. No explicaron por qué es una medida que solo se aplica a este grupo. El procedimiento ahora es realizado por tres agentes mujeres. La Comisión insiste en que se trata de “requisas vejatorias”, que incumplen con el Manual de Requisas vigente. Además, se aplica el mismo método a todas las visitas que reciben.
La salud en riesgo
La RRTS fue la primera en dar aviso público de la situación. Llamaron la atención sobre el estado de salud de la referente del grupo, Thalía Vega. Tenía varios días enferma, pero las autoridades no querían trasladarla a un centro de salud. La Alcaidía Penitenciaria Batán tiene un grave antecedente en este sentido.
Sasha Barrionuevo, de 38 años, murió hace casi un año, luego de que las autoridades del Servicio Penitenciario se negaran a brindarle asistencia médica. Sasha había adelgazado 30 kilos en poco tiempo. Presentó pérdida de la visión, vómitos, mareos, episodios de muy baja presión y fatiga.
La CPM reportó entonces que le habían negado sistemáticamente la atención. La organización informó que los responsables del centro aseguraron que la víctima estaba simulando los padecimientos. Finalmente, gracias a una medida judicial, lograron el traslado a un centro de salud. Pero ya era demasiado tarde: murió el 20 de julio de 2022.
La Red y la Comisión advierten que parte del grupo de las 10 mujeres que actualmente están en el pabellón son pacientes seropositivas. En un video, las afectadas mostraron cómo reciben las medicaciones con los envoltorios rotos y semi destruidos. Pasa lo mismo con las hormonas. Thalía Vega fue trasladada a un centro de salud luego de que la Red advirtiera sobre su situación. Sin embargo, la violencia ejercida en las requisas provoca que algunas mujeres decidan no asistir a los chequeos médicos.
Aislamiento agravado
Aparte de las medicinas y las hormonas, también les decomisan las encomiendas con alimentos y artículos de higiene que envían sus familiares. El grupo logró hace unas semanas reunirse con el jefe de requisa para hablar de este tema. “Si no les gusta, pidan traslado… A mí me van a tener que chupar la pija”, respondió el funcionario, de acuerdo con la versión de las afectadas. El testimonio también fue recogido en el informe entregado por la Comisión al juzgado.
“Es como estar en una cárcel dentro de otra cárcel”, cuentan en el grupo. “Si cada vez que tenemos que salir, nos tienen que requisar y maltratar, preferimos quedarnos encerradas en estas cuatro paredes”. La Comisión también reportó esta consideración al tribunal. “Prefieren permanecer en el pabellón para evitarse la humillación y el maltrato”. Explicó que la situación pone en riesgo “el acceso a la educación, a la salud, al trabajo y cualquier otro (derecho) que dependa de la circulación en el establecimiento”.
El personal penitenciario solo está permitiendo visitas de familiares directos. Muchas de ellas son migrantes y no tienen familia en el país. En la práctica, les están dejando sin la posibilidad de tener visitas. La Comisión denuncia que la prohibición es discriminatoria e ilegal: desconoce lo dispuesto en Ley 12.256, sobre Ejecución Penal Bonaerense, y la Ley 24.660, sobre Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.
El tribunal le exigió al centro penitenciario que aclarara si existe esta prohibición. Las autoridades del lugar reconocieron por escrito que actualmente autorizan solo el ingreso de familiares. Aseguraron que permiten visitas de amigos solo de manera excepcional. De nuevo: esta medida solo aplica para la población trans de este pabellón.
Apoyo urgente
“Lo que está ocurriendo es una situación de tortura”, explica Juan Manuel Introzzi, del Comité de Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. La organización presentó un “hábeas corpus” colectivo para exigir el cese del agravamiento de las condiciones de detención. Insiste en que el grupo de mujeres sufre “una mayor marginación” en base a su identidad de género. Un grupo de peritas visitó el pabellón a principios de julio. Todavía está pendiente la entrega de sus evaluaciones. La investigación podría establecer responsabilidades penales. En la jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense dijeron estar al tanto de la denuncia. Sin embargo, prefirieron no hacer ningún comentario al respecto.
La RRTS inició una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de crear un programa de asistencia al grupo. “Sabemos que no basta con denunciar, porque cuando baja la exposición y dejamos de mirar, las chicas quedan más vulnerables y a la suerte de los encargados”, explicó Victoria Disalvo, representante de la Red. Tienen a disposición el alias RRTS.MDQ1 para recibir donaciones.
Lo que se vive en Batán es solo un ejemplo de lo que ocurre en otros centros. El 73% de la población transgénero privada de libertad en la provincia de Buenos Aires ni siquiera tiene una condena firme, de acuerdo con el último informe anual de la CPM. El 52% está detenida por delitos menores de droga y está alojada en anexos de cárceles de varones. La posesión de drogas se utiliza como excusa para perseguir a trabajadoras sexuales trans. “Para que realmente las dejen de maltratar, los responsables tienen que ver que existe un grupo de gente afuera que está observando qué pasa adentro”, dice Disalvo. La Red pide el apoyo urgente de otras organizaciones LGBTI+ y de DD HH. Esta solicitud de ayuda es un clamor desde adentro de la prisión: “Quisiera, la verdad, que nos ayuden. Formen un escudo para nosotras, por favor. No nos dejen solas”.
