“Lo mínimo que esperamos de la Corte es que haga efectiva una medida cautelar para frenar los desmontes”
En julio de 2019, la organización Greenpeace demandó en nombre del yaguareté al Estado nacional y a las provincias de Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero ante la Corte Suprema de Justicia por violar la Ley Nacional de Bosques, provocar la casi extención de la especie y la desaparición de millones de hectáreas de su hábitat en el Gran Chaco argentino. Desde entonces, la ONG ambientalista espera una respuesta del máximo tribunal.
La Corte tenía previsto realizar una audiencia pública sobre el caso durante el primer semestre de 2022, según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ) que depende del tribunal, pero la convocatoria nunca se concretó.
Quedan, con suerte, apenas unos 20 yaguaretés en esta región de Argentina, que integra la segunda zona boscosa más grande de Sudamérica, después de la Amazonía.
Detrás de la posible desaparición del felino más grande de América en esta región, existen también centenares de poblaciones originarias y campesinos criollos viven una crisis ambiental y social provocada por el avance de la ganadería y la soja en el norte de Argentina, asegura Hernán Giardini, coordinador de la Campaña Bosques de Greenpeace, a elDiarioAR durante un viaje por la región, organizado y financiado por la ONG. “Estamos expectantes a que la audiencia también genere en la sociedad un acompañamiento. En las decisiones gubernamentales o judiciales, lo que pasa en la calle también influye”, afirmó.
Greenpeace estimó que en los últimos 24 años (1998-2022), en las cuatro provincias del Gran Chaco desaparecieron más de 6.000.000 de hectáreas de bosque nativo, una superficie casi equivalente a la provincia de Entre Ríos o de la misma Formosa. Es el 80% de la deforestación de Argentina.
Detrás del amparo y la demanda por el yaguareté, Greenpeace sostiene que también está en juego la supervivencia de muchas personas afectadas por la deforestación para el cambio del uso del suelo. ¿Cómo los afecta?
A nivel regional o local, muchos de los desmontes están directamente vinculados a conflictos de tierras o desalojos. Gran parte de los bosques que se están deforestando tienen gente viviendo allí por generaciones. En algunos casos son familias indígenas. En otros casos campesinos o criollos. Al no haber habido un proceso de regularización de la tierra y al existir una avanzada inmobiliaria y de corrimiento de la frontera agropecuaria hacia el norte del país, aparecen nuevos propietarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que compran tierras baratas en el norte. Entonces esos desmontes muchas veces se dan sobre tierras habitadas o que las comunidades utilizan como zona de pastoreo de sus animales. El monte no sólo es alimento, sino madera y medicinas. También es un lugar de conexión espiritual para las comunidades. A veces, los empresarios utilizan hasta guardias propias para desalojarlos. Esto ha generado en algunos casos violencia y hasta muertes. En otros casos cuando suelen ‘arreglar’, siendo igualmente un arreglo bajo presión por un puñado de hectáreas.
¿Cómo afecta a las personas más allá de los locales?
El desmonte acumulativo también está generando cada vez más inundaciones. Hay estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que determinan que una hectárea con bosque chaqueño absorbe en una hora 300 milímetros de lluvia; una con pasturas, 100 milímetros; y una con soja, 30 milímetros, es decir, absorbe diez veces menos con soja que con bosque.
¿Hasta dónde puede llegar el efecto de esas inundaciones?
El desmonte acumulado puede generar, teniendo en cuenta la pendiente oeste, este, y los ríos que atraviesan el Gran Chaco, inundaciones a varios kilómetros de ahí. No solo en esa zona, sino también hacia el litoral. Pueden inundarse Santa Fe y Entre Ríos por los desmontes que estén sucediendo en Santiago del Estero, Chaco, Formosa. El agua viene bajando con otra intensidad al no ser absorbida por ese bosque que ya no está. Además, hay una pérdida masiva de especies y un desequilibrio que es el más difícil de medir porque no sabemos qué puede pasar cuando desaparece una especie, por ejemplo, los grandes mamíferos como el yaguareté.
En Argentina, como en otros países, se debate la supuesta dicotomía entre progreso económico y preservación del bosque o el medio ambiente. En este caso, se apunta a cuatro provincias para que “resignen” el avance de actividades económicas. ¿Cuál es la posición de Greenpeace con respecto a esa discusión?
No es cierto que el desmonte signifique progreso. Puede ser que esté significando el progreso para unos pocos y para el Estado, que puede cobrar retenciones a las exportaciones de esos granos o de esas vacas que se van a China. Ahora, en los últimos 30 años que se viene deforestando en Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, su población sigue estando entre las más pobres del país, y más la de la zona donde se produce el desmonte. Tampoco se emplea tanta gente para este tipo de producciones y las condiciones suelen ser muy precarias, en algunos casos, de semiesclavitud. No es que de repente hay mucho trabajo en el área o que las ciudades que están alrededor de los desmontes han mejorado significativamente su infraestructura. Además, para los pequeños productores cada vez es más difícil competir.
¿Cómo son esas condiciones laborales en los campos deforestados o durante el desmonte?
Los topadoristas a veces no son de los que trabajan en las mejores condiciones y los tienen trabajando bajo el sol y con mucho calor, durante muchas horas. Es un trabajador bastante precarizado. Después de las topadoras, viene el proceso de desenraizado, quitar las raíces, que a veces se hace con trabajadores “golondrina”, a quienes mueven de un lado a otro. Otras veces emplean gente local y en condiciones muy precarias: viven ahí mismo, bajo toldos, casi en condiciones de semiesclavitud, y la misma empresa que los emplea les vende los alimentos. En una oportunidad, una de las provincias no vio o no quiso ver que estaban hacía dos meses topando el monte y fue la AFIP la que entró el campo por las condiciones pésimas laborales de indígenas o campesinos que aceptaron ese trabajo por necesidad.
¿Cuál puede ser la solución para estas provincias?
Todo ecosistema nos da algunas cosas en las que podemos aprovechar bienes y servicios, lo que se llama recursos naturales. Probablemente el Gran Chaco nos da mucha más madera que otros. La podemos manejar bien, la podemos manejar responsablemente para que se sostenga. Probablemente nos dé también suelos menos fértiles que la región pampeana para producir tal cosa. Hay cosas que nos dan de más y otras limitantes. Lo que deberían pensar los gobiernos de la región chaqueña es cuáles son los tipos de producciones que se adaptan mejor a los ecosistemas que tienen. Y cómo hacerlas de manera sustentable, cuánto es lo que se puede bancar este ecosistema para mantenerlo en pie.
¿Deberían entonces restringir la ganadería intensiva en la región?
Los planes de expansión ganadera de las provincias hablan de duplicar, triplicar el stock ganadero, eso sería desmontar todo cuando podrían mejorar a los pequeños productores para aprovechar el potencial que ya tiene las históricas familias campesinas, aumentar un poco la cantidad de ganado, pero en una lógica de consumo interno, de desarraigo rural y de negocios para un productor pampeano que compra, deforestar, desaloja y exporta. Los campesinos criollos tienen problemas de distribución, de comercialización, no rinde porque no tiene una ayuda estatal. Es un modelo pensado solo para los grandes, para un campo sin gente.
¿Cómo es llevar el reclamo ambiental a poblaciones que están pensando en cómo acceder a necesidades básicas?
Priman mucho los problemas que tiene la comunidad, si un empresario los quiere desalojar, si les falta agua, de acceso a la salud, y obviamente el tema territorial, no tener los papeles de la tierra. Ahora, cuando esas comunidades se organizan, están en un movimiento campesino, en una organización indígena, empieza a haber una mirada un poco más amplia de lo que es el conflicto y ahí probablemente tengamos muchas más discusiones sobre el modelo agropecuario, sobre reclamos ambientales. La foto más grande. Está todo relacionado, en el sentido de que hay todo para ellos, los grandes productores, y no hay nada para nosotros, la comunidad. Entonces si ven que lo ambiental los afecta y en el caso de las comunidades indígenas lo ven más, sobre todo cuando su forma de vida tiene que ver con la caza, la recolección y la pesca, actividades que van directamente de la mano de un bosque en buen estado.
¿Qué esperan de la Corte Suprema?
Que llame lo antes posible a la audiencia pública. Este año, se realizaron dos audiencias públicas en la Corte por otros casos y nos pareció interesante que, más allá del análisis de cómo fueron los fallos, después de la audiencia hubo una respuesta rápida de la Corte. Sabemos que hay muchas organizaciones colegas que están también expectantes para incorporarse a la causa porque todos sienten que esta puede ser una causa histórica, con el yaguareté a la cabeza, pero con la conservación del bosque de fondo. En cuanto a los resultados, esperamos un fallo que ordene la no deforestación en los territorios del yaguareté. Pero, además, si la Corte nos dice dentro de diez años que teníamos razón, en diez años no nos va a quedar bosque, con lo cual la medida cautelar de suspender los desmontes hasta el fallo de fondo es fundamental. Lo mínimo que esperamos es que haga efectiva una medida cautelar para frenar los desmontes lo antes posible.
