La jueza María Eugenia Capuchetti deberá seguir a cargo del expediente de la mesa judicial del macrismo, en el que se investigan las presiones a jueces y fiscales durante el gobierno de Mauricio Macri. Así lo resolvió el camarista Leopoldo Bruglia después de que llegara a la Cámara Federal una contienda entre la jueza y su colega Ariel Lijo para ver quién debería continuar con la investigación que involucra al propio Macri y a sus principales asesores en materia judicial y de inteligencia.
Capuchetti está a cargo de la causa que investiga las presiones a distintos magistrados durante la administración Cambiemos. El expediente tomó envión el año pasado después de que la jueza de la Cámara Federal de Casación Ana Figueroa denunciara haber sufrido presiones de Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la Ciudad y por entonces funcionario del Ministerio de Justicia, para resolver en una causa referida al Memorándum de Entendimiento con Irán. Después declararon también jueces laborales, el camarista Eduardo Farah y la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó, quien le apuntó directamente a Macri por el hostigamiento que sufrió desde antes de que el líder del PRO asumiera la presidencia.
El mes pasado, el juez Lijo --que subroga en el juzgado federal 12, que quedó vacante después de que Sergio Torres asumiera en la Suprema Corte bonaerense-- le envió a Capuchetti un caso que tenía vinculado a la persecución contra Alejo Ramos Padilla, apuntado por el macrismo por la investigación del D’Alessiogate. Lijo entendía que la causa debía sumarse a la investigación que Capuchetti delegó en el fiscal Franco Picardi. Sin embargo, Capuchetti sostuvo que, en realidad, toda la causa de la mesa judicial debía ir al juzgado federal 12 porque allí estaba radicada la primera denuncia.
Mauricio Macri
Esa discusión quedó zanjada este jueves, cuando Bruglia resolvió que los dos expedientes tramiten unificados en manos de Capuchetti. Una de las últimas medidas que el fiscal Picardi solicitó fue información sobre los distintos ingresos a bases de datos de organismos estatales que se hicieron para husmear en la situación de los magistrados o magistradas que denunciaron haber sido víctimas del accionar de la mesa judicial del macrismo.
La denuncia sobre la mesa judicial fue motorizada por el actual ministro de Justicia Martín Soria junto con los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau y Eduardo Valdés. Los mails que encontró la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño dan cuenta de que solían concurrir a la mesa el entonces ministro de Justicia Germán Garavano, el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, Mahiques, el exjefe de asesores José Torello --que compartía despacho en la Casa Rosada con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón-- y el exdirector general de la AFI Gustavo Arribas, entre otros.
“Pepín” está prófugo en Uruguay y con captura internacional después de negarse a comparecer en la indagatoria a la que lo había convocado la jueza María Servini por el hostigamiento a los dueños del Grupo Indalo. Arribas tiene en su haber tres procesamientos: dos en las causas de espionaje que tramitaron en Lomas de Zamora y el tercero en la causa del Proyecto AMBA en Dolores.
La situación de Arribas en la causa sobre las andanzas de los espías conocidos como Súper Mario Bros y en la del espionaje penitenciario está para ser resuelta en la Cámara Federal porteña. Los camaristas que tienen ese expediente son Eduardo Farah, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Sin embargo, la situación está revolucionada en ese tribunal después de que el diario La Nación publicara que la Cámara avanzaba hacia una nulidad parcial de la causa en la que iba a convalidar la teoría de Arribas y compañía de que los espías, en realidad, eran cuentapropistas. Es curiosa la teoría cuando a quienes espiaban era, entre otros, a la hermana menor del propio presidente, Florencia Macri, o al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta o a los diputados Nicolás Massot y Emilio Monzó. Cuestiones de familia o de la interna de la coalición cambiemita que le interesaban al propio Macri.
Como informó Página/12, la nota dio pie a una nueva ronda de recusaciones contra Llorens y Bertuzzi, presentadas por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y los abogados Rafael Resnick Brenner, Jorge Chueco y Alejandro Rúa. Llorens y Bertuzzi deberán hacer sus descargos y su colega Farah deberá decidir si pueden seguir con la causa. En las últimas horas, se sumó, además, una denuncia penal contra Llorens por haber mantenido presuntamente reuniones con el propio Macri.
