El reciente informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) confirma lo que productores y economistas vienen denunciando desde hace décadas: el Estado absorbe el 64,6% de lo que genera una hectárea cultivada, y de ese porcentaje, el 67,5% corresponde a retenciones. Esta ecuación no solo asfixia al sector productivo más dinámico del país, sino que también frena el desarrollo de las economías regionales, especialmente en la provincia de Buenos Ayres.

El problema no radica exclusivamente en el porcentaje confiscatorio, sino en cómo se distribuyen esos recursos. De cada peso recaudado por retenciones, una parte irrisoria regresa a los municipios (0,6%), donde se produce la verdadera generación de riqueza. Los distritos bonaerenses cargan con los costos de infraestructura, caminos rurales deteriorados, falta de conectividad y un sistema de salud y educación que se sostiene con recursos insuficientes.

La solución no es simplemente eliminar las retenciones -aunque su desaparición reduciría la carga tributaria al 36%-, sino rediseñar el esquema de coparticipación para que los municipios reciban una porción justa de lo que el campo aporta. Hoy, los Intendentes son testigos impotentes de cómo el dinero que se produce en sus Municipios desaparece en las arcas nacionales, mientras ellos deben enfrentar demandas sociales y productivas sin recursos suficientes.

El municipio es el engranaje fundamental para reconstruir una estrategia política y productiva entre el campo y el Estado. Es en los pueblos y ciudades del interior bonaerense donde el sector agropecuario y el poder político pueden y deben encontrarse para trazar una hoja de ruta común. Si los recursos generados por las retenciones volvieran en un mejor porcentaje a su lugar de origen, podrían invertirse en infraestructura vial, electrificación rural, acceso al agua potable, mayor seguridad y conectividad digital. Esto no solo mejoraría la productividad del campo, sino que también generaría empleo local y fortalecería el tejido social.

Pero este cambio no puede venir de arriba hacia abajo. Necesitamos un federalismo real, donde los municipios tengan mayor autonomía financiera y decisión política. No se trata solo de descentralizar recursos, sino de descentralizar el poder. Los intendentes deben tener la capacidad de decidir cómo y dónde invertir los fondos, con transparencia y responsabilidad.

El campo y el gobierno político no son enemigos naturales, pero el actual régimen tributario los ha enfrentado innecesariamente. Necesitamos un equilibrio que permita al productor crecer y al Estado recaudar, pero sin que esto implique el estrangulamiento de una de las pocas actividades que generan dólares genuinos para el país.

El punto de partida es claro: redistribuir los recursos de manera equitativa, fortalecer a los municipios y construir un diálogo sincero entre el sector agropecuario y el Estado. La provincia de Buenos Ayres tiene todo para liderar este cambio. Solo hace falta voluntad política y una mirada que entienda que, sin un campo fuerte y municipios bien administrados y con autonomía plena, no hay futuro posible para nuestra tierra bonaerense.

Luis Gotte

La trinchera bonaerense

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